Delito Societario (1)

¿Qué son los Delitos Societarios?

Ante las exigencias de la realidad actual, que demanda una eficiente administración de los recursos físicos y financieros, cada día las actividades de producción recurren con mayor frecuencia a la figura de las personas jurídicas en sus distintas modalidades, erigiéndose sobre ellas principalmente la de las sociedades.

Esto ha hecho necesario que se establezcan normas que regulen en modo expreso y específico su constitución, conformación y funcionamiento, para impedir cualquier abuso que se pudiera generar en una mala gestión de éstas. Sobre todo aquellas conductas que pudieran ser tipificadas como delitos con las consecuencias de toda contravención al orden jurídico penal.

En nuestro país tal regulación se encuentra en los artículos 290 al 297 del Código Penal, considerándose como delitos societarios aquellos que se comenten dentro de una empresa o con relación a ella y que puedan afectar al patrimonio, tanto de personas jurídicas como físicas.

¿Quiénes pueden cometer un Delito Societario?

Al tratarse de conductas que se dan dentro de una empresa o con relación a ella, incluso contra la sociedad en sí misma, contra algunos de sus socios o contra un tercero relacionado, afectando su acervo patrimonial. Los sujetos activos de este tipo delictivo los señala el propio artículo 290 CP: “Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación…”, pero es necesario que el falseamiento de las cuentas o documentos (objeto material) al que se refiere la norma citada, llevado a cabo por dichos administradores y que oculta la situación jurídica o económica de la empresa, se haga no de cualquier modo, sino de una forma apta o capaz de generar un perjuicio económico a los sujetos afectados, ya sea la propia empresa, alguno o algunos de sus socios o un tercero relacionado. Además, debe ser a sabiendas (dolo).

¿Cuáles documentos se consideran susceptibles de ser falseados?

Conforme lo ha dispuesto la jurisprudencia, pueden falsearse distintos tipos de documentos, tales como: el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el informe de gestión, los informes que deben elaborar los administradores para la toma de decisión de determinados acuerdos (aumento de capital, modificación de estatutos, etc.).

¿Cuál es el Bien Jurídico protegido en los Delitos Societarios?

La tipificación de estos delitos va a tener un doble propósito tutelar:

1 – Proteger el interés general, cuando se cause daño a un grupo de la sociedad afectada.

2 – Proteger el interés patrimonial para el funcionamiento apropiado de las sociedades mercantiles.

¿Qué considera la ley penal como sociedad?

Se entiende como sociedad cualquier entidad que participe activamente en el mercado de bienes y servicios para cumplir sus fines, tales como cooperativas, entidades financieras, mutuas, cajas de ahorro, sociedades mercantiles o fundaciones.

¿Quién puede denunciar un delito societario y en que oportunidad?

Al tenerse conocimiento de la presunta comisión de estos delitos, se debe realizar de inmediato la correspondiente denuncia por el o los agraviados, para dar inicio al procedimiento; si se trata de un menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o persona desvalida, también podrá formular la denuncia el Ministerio Fiscal. Si el delito afecta intereses generales o a una pluralidad de personas, no será necesario realizarla.

¿Cuáles son los delitos societarios?

  • El delito de falseamiento de cuentas anuales y otros documentos dentro de la sociedad:

Se exige que la conducta sea dolosa y el autor conozca la idoneidad lesiva de la acción. Como ha señalado la jurisprudencia, no es suficiente el dolo eventual, sino que ha de tratarse de dolo directo, quedando consumado cuando se falsean las cuentas o demás documentos de forma idónea. En tal sentido ha establecido el Tribunal Supremo que se consuma cuando se consignan o se omiten dolosamente datos propios de las mismas, independientemente que dichas cuentas falseadas sean posteriormente aprobadas o rechazadas por la Junta General, pues en cualquiera de los supuestos el ilícito ya se habría consumado. Si se produce el perjuicio, se agravará la pena según lo señalado en el artículo 290.2 CP.

  • Delito de imposición de acuerdos abusivos mediante prevalimiento de situación mayoritaria:

Se consuma por el abuso de la mayoría en beneficio propio y exclusivo (STS 172/2010 de 4 marzo). El bien jurídico protegido estaría formado por el patrimonio de los socios, si bien un sector doctrinal entiende que abarcaría también al interés social. El sujeto activo lo constituye el o los socios mayoritarios o miembros del Consejo de Administración. Este tipo penal se refiere únicamente a los socios y no a la sociedad, lo que ha causado que un sector de la doctrina excluya a esta última como sujeto pasivo de estos delitos, considerándose como sujetos pasivos al o los socios a quienes se les ha impuesto el acuerdo abusivo. La conducta censurable penalmente consiste en imponer acuerdos abusivos a los socios minoritarios, prevaliéndose de la posición de mayoría, en perjuicio de los demás socios, sin que tal acuerdo sea en provecho de la sociedad. El hecho de que una decisión se tome por mayoría no legitima un acuerdo, pues es posible que, si bien éste sea ajustado tanto a la normativa societaria como a los estatutos sociales, lo sea prevaliéndose de la mayoría y contenga decisiones abusivas contra los socios minoritarios. 

Se exige una serie de requisitos para que exista este delito: 

a) Cometerlo mediante prevalimiento, es decir aprovechándose de esa posición dominante en la Junta o Consejo para imponerlo a los socios minoritarios; 

b) Que el acuerdo sea abusivo, con independencia de que haya sido obtenido lícitamente, considerándose abusivo si es injusto o arbitrario; 

c) Que exista ánimo de lucro, ya sea propio o ajeno; 

d) Que cause perjuicio a los demás socios; 

e) Que no reporte beneficios a la sociedad, por lo que cualquier decisión que le sea beneficiosa excluye la tipicidad. La conducta ha de ser mediante dolo directo, no eventual. No está contemplado el tipo imprudente.

  • Delito de imposición o aprovechamiento de acuerdo lesivo adoptado por mayoría ficticia:

Se diferencia del tipo anterior en que el acuerdo no es ilícito, sino que la mayoría se ha obtenido de modo fraudulento. Este delito puede ser cometido tanto por los administradores como por los socios. La imposición o aprovechamiento de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia puede obtenerse: 

a) Por abuso de firma en blanco; 

b) Por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan de él; 

c) Por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido; 

d) Por cualquier otro medio o procedimiento semejante; 

e) El acuerdo ha de ser lesivo, para la sociedad o socios. Ha de realizarse la conducta con dolo, no estando previsto el tipo imprudente.

  • Delito de obstaculización del ejercicio de los derechos de los socios:

Este tipo penal pretende brindar protección a los intereses de los socios ajenos al grupo de control de la sociedad, y desde un punto de vista externo, el adecuado funcionamiento de la misma. En todo caso, de lo que se trata es de reforzar la exigencia de transparencia en la gestión societaria. El sujeto pasivo está formado por el socio o socios que ven conculcados sus derechos a participar en la vida de la sociedad y pueden ver afectado su patrimonio al negársele o impedírsele los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las leyes.

  • Delito de obstaculización de inspección o supervisión administrativa:

Con este tipo penal se busca garantizar claridad y transparencia en la gestión de las sociedades que están sometidas a supervisión administrativa en sus relaciones con los órganos de inspección competentes, como por ejemplo el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

  • Administración fraudulenta de la sociedad:

 Será castigada cualquier figura decisiva dentro de la empresa que abuse de las funciones de su cargo y disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad, indistintamente si obra en su beneficio o el de un tercero. 

Al socio o miembro de una sociedad que se vea perjudicado, le convendrá contar con los servicios de un equipo de expertos en la materia. 

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