Paisaje

¿Qué son los delitos urbanísticos?

El uso racional del suelo y la ordenación del territorio constituyen en nuestros días un bien merecedor de la más elevada protección jurídica. El precepto constitucional sobre el que se asienta dicha tutela es el artículo 47“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda  digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. 

En desarrollo de este artículo se han dictado muchas normas para proteger el correcto uso del suelo. De entre todas ellas, es el Código Penal el que se encarga de su protección frente a las conductas más dañinas. Bajo la denominación “De los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo”, se castigan las obras no autorizables en suelo no urbanizable, las obras no autorizables en suelo de especial protección, y se sanciona, además, una modalidad de prevaricación urbanística. Veamos en qué consisten estas figuras delictivas:  

Obras “no autorizables” en suelo “no urbanizable”

El artículo 319.2 del Código Penal establece la modalidad básica de delito urbanístico, en que se castiga: “a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable”.  

La pena con que se castiga el delito es de: 

● Prisión de uno a tres años.

● Multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante, en cuyo caso la multa será del tanto al triplo de dicho beneficio.

● E inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años.

El tipo se articula sobre una serie de conceptos jurídicos indeterminados, por lo que procede su explicación: 

¿Qué se entiende por “obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables”?

● Obras de urbanización son aquellas dirigidas a “acondicionar y preparar una porción de terreno para su uso urbano”.

● Obras de construcción y obras de edificación son conceptos que deben ponerse en relación uno con otro. Las obras de edificación, según la Ley de Ordenación de la Edificación, son las que tienen por objeto “construir un edificio de carácter permanente, público o privado”. Las obras de construcción son todas aquellas que no pueden considerarse de edificación por ser de menor entidad.

● En todo caso, las citadas obras deben ser no autorizables. No basta, para cometer el delito, que la obra no haya sido autorizada, sino que es preciso que en ningún caso pueda serlo por no cumplir los requisitos que para su autorización se establece en las distintas normas administrativas que regulan la materia.

¿Qué se entiende por “suelo no urbanizable”?

El Código Penal no lo define, por lo que tenemos que acudir a otra regulación. Concretamente, a la contenida en el Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. Esta norma, sin embargo, no habla de suelo no urbanizable, sino que clasifica el suelo en  urbanizado y rural

Sería un error equiparar sin más suelo rural, del que habla la Ley de Suelo, y suelo no urbanizable, al que se refiere el Código Penal. Parece más bien que por no urbanizable ha de entenderse una modalidad concreta del llamado suelo rural: el preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización. 

En definitiva, debemos entender por suelo no urbanizable, con abstracción de cualquier denominación dada en otras normas, ya sean del Estado, ya de la Comunidad Autónoma, como el suelo excluido del proceso urbanizador o constructivo

El delito requiere que el suelo sea “no urbanizable” y que la obra en ningún caso pueda ser autorizada. [Depositphotos]

Obras “no autorizables” en suelo “especialmente protegido”

El artículo 319.1 contiene una figura delictiva de mayor gravedad, lo que se conoce como subtipo agravado. Se castiga a las mismas personas -promotores, constructores o técnicos directores- por la misma conducta -realizar obras de urbanización, construcción o edificación- pero, en este caso, cuando se realiza sobre suelo sometido a protección especial, lo que motiva la imposición de una pena más grave.

La pena con que se castiga el delito es de:

● Prisión de un año y seis meses a cuatro años.

● Multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio.

 E inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años.

¿Qué es el suelo sometido a protección especial?

En este caso, el Código Penal sí precisa su significado. Se trata de suelos:

  1. Destinados a viales.
  2. Calificados como zonas verdes.
  3. Que constituyan bienes de dominio público.
  4. Que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural.
  5. O cualquier otro que, por los mismos motivos, haya sido considerado de “especial protección”.

En conclusión, es suelo de protección especial el que goce de un reconocimiento legal o administrativo en ese sentido. Para poder apreciar esta modalidad agravada del delito es preciso que se haya producido ese reconocimiento de forma expresa

¿Quién puede cometer un delito urbanístico?

Los delitos examinados únicamente serán castigados cuando los cometan promotoresconstructores o técnicos directores. Es por ello que se habla de delito especial propio, es decir, un delito que no puede cometer cualquier persona, sino tan solo aquellas que cumplen ciertos requisitos. En el caso del delito urbanístico: 

● Promotor: la persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

● Constructor: quien asume contractualmente ante el promotor el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato.

● Técnico director: Que puede ser

    •         ■ director de obra, es decir, quien dirige su desarrollo en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales;
    •          ■ o bien, director de la ejecución de la obra, esto es, quien  dirige la ejecución material de la obra y controla la construcción y su calidad.

En el caso de las personas jurídicas: el art. 319.4 prevé que pueden ser también responsables de estos delitos, imponiéndoseles en tales casos pena de multa de uno a tres años, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante, en cuyo caso la multa será del doble al cuádruple de dicho beneficio. Además, pueden imponerse otras medidas como la suspensión de su actividad, la clausura de sus locales, e incluso la disolución de la propia persona jurídica, entre otras. 

Medidas accesorias

Además de las penas previstas para el responsable del delito, y con la finalidad de reponer las cosas al estado anterior a su comisión, el Código Penal prevé:  

  • ● Demolición de la obra a cargo del autor del hecho y reposición a su estado originario de la realidad física alterada.
  • Si bien dicha demolición se condicionará, oída la Administración competente, a la constitución de garantías que aseguren el pago de indemnizaciones que en estos casos pueden deberse a terceros de buena fe. Piénsese en personas que hayan comprado un inmueble confiando en que la construcción es conforme a Derecho: si se procede sin más a la demolición y no se les asegura indemnización, muy probablemente no puedan recuperar su dinero. Es por eso que el Código Penal prevé que la demolición se puede suspender hasta que el culpable garantice el pago de las indemnizaciones.

● Decomiso, en todo caso, de las ganancias provenientes del delito.

Prevaricación urbanística

El Código Penal no sólo castiga a quien construye o edifica. El artículo 320 sanciona a las autoridades o funcionarios públicos que permiten la construcción ilegal, siendo conscientes de su ilegalidad, por medio de alguna de las siguientes actuaciones: 

  1. Elaborar informe favorable a instrumentos urbanísticos, obras de construcción o edificación contrarios a las normas vigentes.
  2. Silenciar la infracción de dichas normas, con motivo de una inspección
  3. Omitir la realización de inspecciones de carácter obligatorio; 
  4. Resolver o votar a favor de instrumentos urbanísticos, obras de construcción o edificación contrarios a las normas vigentes.

La pena con que se castiga el delito es de:

● Prisión de un año y seis meses a cuatro años. 

● Multa de doce a veinticuatro meses.

 E inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

Si tiene alguna duda, en López Graña Abogados contamos con profesionales con larga experiencia en materia penal y urbanística.

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